Los hechos son claros: las familias actuaron con licencias municipales y ahora soportan las consecuencias de decisiones administrativas que no provocaron.
Quiénes son
Son seis familias propietarias de viviendas situadas en San Pedro de Benquerencia, en Barreiros. Las casas fueron construidas hace casi veinte años con licencias urbanísticas concedidas por el propio Ayuntamiento.
No promovieron construcciones clandestinas. Compraron sus terrenos con licencias concedidas y actuaron confiando en la legalidad de los actos de la Administración.
Cómo se llegó hasta aquí
El origen se encuentra en licencias urbanísticas que posteriormente fueron anuladas en el contexto de la situación del planeamiento municipal. Desde entonces se han sucedido procedimientos judiciales y resoluciones ligadas a la ejecución de las sentencias.
Durante años se anunció un nuevo PXOM capaz de adaptar el planeamiento a la normativa vigente. Ese instrumento no ha alcanzado todavía la aprobación inicial mientras la ejecución de las sentencias ha seguido avanzando.
La vía que se pide agotar
Las familias piden que el Concello dé prioridad absoluta a la fase actual del PXOM y alcance cuanto antes su aprobación inicial.
La aprobación inicial del PXOM abre la vía jurídica necesaria para impedir la demolición y legalizar las viviendas. Es el camino que las administraciones deben activar antes de causar un daño irreparable.
Una decisión política que debe revertirse
Las familias tienen razón. Construyeron con licencias concedidas por la Administración y no deben pagar con sus hogares los errores de quienes tenían la obligación de ordenar y gestionar el territorio.
Ayuntamiento, Diputación, Xunta y el resto de instituciones deben actuar con valentía, compromiso y urgencia para impedir el derribo.